La trata de personas y explotación sexual en la
Argentina
- Por Nadia Quiroga - Con la sanción de la Ley 26.842 a fines de 2012,
se ampliaron los derechos de las víctimas, se reconoció al delito como federal
y se endurecieron las penas. El 98% de las víctimas de explotación sexual son
mujeres. Un 72% son mayores de edad, el resto menores. Entre estas, la
mayoría tienen entre 15 y 17 años. Captación, traslado y somtiemiento. Un informe sobre la realidad de la problemática.
La trata
de personas fue definida por la Ley Nacional 26.842 sancionada en
diciembre de 2012 y que vino a actualizar la normativa vigente desde 2008 con
la sanción de la Ley 26.364, como "el ofrecimiento,
la captación, el traslado,
la recepción o acogida de personas con fines
de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros
países". La explotación se produce "cuando
se redujere o mantuviere a una persona en
condición de esclavitud o servidumbre(…); cuando se obligare a
una persona a realizar trabajos forzados; cuando
se promoviere, facilitare o comercializare la prostitución
ajena o cualquier otra forma de oferta de servicios sexuales ajenos; cuando
se promoviere, facilitare o comercializare la pornografía infantil o
la realización de cualquier tipo de representación o espectáculo con dicho
contenido; cuando se forzare a una persona al matrimonio o
cualquier tipo de unión de hecho; cuando
se promoviere, facilitare o comercializare la extracción
forzosa o ilegítima de órganos, fluidos o tejidos humanos".
Al final
de su artículo 1º, la Ley indica además que "el consentimiento dado
por la víctima de la trata y explotación de personas no
constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad
penal, civil o administrativa de los autores, partícipes,
cooperadores o instigadores". Sin dudas este es uno de los puntos más
celebrados por aquellas Ongs e instituciones intermedias que trabajan con la
problemática y que reclamaban cambios en una ley que no garantizaba, por
ejemplo, que las víctimas no fueran juzgadas por delitos cometidos como
consecuencia de su situación, amén de no dar garantía de los derechos básicos
de aquellas personas que habían caído en las redes de la trata y la
explotación.
Un informe elaborado
en conjunto por la Unidad Fiscal de Asistencia para la Investigación en
Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase) y
el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip),
y llamado "La trata sexual en Argentina. Aproximaciones para un análisis
de la dinámica del delito", refleja la realidad de nuestro país en uno de
los delitos más comunes dentro de la trata de personas, aquella que
contempla la prostitución y la oferta de "servicios"
sexuales, recolectando datos desde la sanción de la primera ley, en 2008, y
hasta 2 años después, en abril de 2011.
Bien es
cierto que, aunque pasados dos años y aunque notando ciertas mutaciones en el
delito post sanción de las leyes cuando las organizaciones delictivas se
esfuerzan en tomar mayores recaudos, las estadísticas ofrecidas son
significativas para una aproximación a la cuestión.
En
la Argentina, el 98 por ciento de las víctimas de explotación sexual
son mujeres, y de ellas un 72 por ciento son mayores de edad,
correspondiendo el resto a menores. Entre estas, la mayor cantidad
de casos se registra en adolescentes de entre 15 y 17 años.
Como se
ha explicado, la Ley 26.842 comprende a la trata de personas como
un proceso que se inicia con la captación. El informe revela
que, aunque en el imaginario popular generalmente tiende a prevalecer la idea
del secuestro por la fuerza, la mayoría de las veces los captores se aprovechan de
las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas. En gran parte de los
casos, las mismas han manifestado ser madres con hijos a cargo y
tener graves problemas económicos, lo que las impulsa a aceptar
alternativas laborales precarias, ambiguas, imprecisas o que suponen un
alejamiento de sus familias y sus redes de contención.
La
mayoría de las mujeres en estas condiciones aceptan ofertas de trabajo
doméstico, de coperas o meseras en whiskerías o niñeras. Luego
son trasladadas en autos o en micros hasta el lugar de destino.
Generalmente lo hacen solas, sin compañía de sus captores, modalidad que
implementaron los delincuentes para dificultar la tarea de interceptar
víctimas en su traslado: al ser interrogadas, las mismas confiarán a quienes
ejercen el control que viajan a determinado trabajo, desconociendo aún el
engaño que descubrirán al llegar.
Los lugares
de explotación son en su mayoría whiskerías, pubs y pooles,
lugares expuestos al público y por tanto a controles policiales y
municipales. En un 49 por ciento de los casos registrados, además, la
explotación se produce en ciudades de menos de 70 mil habitantes. De
ellas, un 32 por ciento corresponde incluso a distritos de menos de 25
mil personas, donde es al menos un secreto a voces la existencia de este tipo
de establecimientos. Las provincias de Buenos Aires y
Misiones surgen en las estadísticas como las principales zonas de
explotación. Entre los partidos bonaerenses, Mar del Plata es una de las
ciudades con más presencia de este tipo de delitos.
Cuando la
víctima llega a destino, entonces, es cuando conoce el verdadero
"trabajo" para el que fue trasladada."¿Por qué se queda?",
aparece como una de las preguntas más frecuentes en este tipo de situaciones.
Las redes trabajan con formas de sometimiento donde se observa una
preponderancia de la afectación a la autonomía económica, mediante la retención
de salarios y el sistema de "multas": al llegar, las
víctimas ya están en deuda con los explotadores que les exigen
el pago del traslado aduciendo que ellos "las compraron" a
los captores. A eso se suman los descuentos en alojamiento, comida,
limpieza, vestimenta, y hasta preservativos si quieren
"cuidarse" de enfermedades de transmisión sexual y embarazos durante
las relaciones que están obligadas a mantener. Las multas dinerarias alcanzan a
las "faltas" como llegar tarde, no tener limpia la habitación,
"peleas entre las chicas", quejas del "cliente", entre
otras.
En muchos
casos las víctimas tienen la posibilidad de salir del lugar por breves
períodos de tiempo pero para los explotadores eso no pone en riesgo un posible
escape: existen amenazas de represalias con los hijos, los padres o familiares
de las víctimas verosímiles porque saben a ciencia cierta que los captores
conocen dónde viven sus seres queridos, ya que fue allí, en sus ciudades de
origen, donde las conocieron.
Aunque al
hablar de redes se es propenso a imaginar grandes estructuras delictivas,
estas organizaciones son en general de poca dimensión, sin
una organización jerárquica, operacionales respecto
del Estado y las agencias policiales y fuerzas de seguridad que
protegen, favorecen, moldean y alientan la actividad. Basta tan sólo con pensar
en uno de los casos más resonantes de la última década, el de Marita Verón,
secuestrada en Tucumán en 2002 y cuyo paradero aún es desconocido pese a la
incansable lucha de su madre Susana Trimarco. Toda la "banda" fue
juzgada y todos los imputados absueltos, pero el juicio dejó al descubierto la
trama interna de la organización y el rol de los agentes de seguridad y
funcionarios de turno.
Desde la
sanción de la Ley, que llegó recién a configurar el
delito en 2008 y cuyas modificaciones, vitales, debieron
esperar hasta el 2012 y la polémica generada por la absolución de
todos los acusados en la causa antes citada, el Ministerio de Justicia de
la Nación informa que fueron liberadas más de 4.600 víctimas en
más de 2.100 allanamientos en todo el país.
Las
intervenciones de la Justicia son posibles gracias a las denuncias y al
compromiso de aquellos ciudadanos que, alertados sobre situaciones anómalas que
ocurren en aquellos locales tipificados como whiskerías o bares o locales nocturnos,
decidan dar el aviso y permitir poner fin a la explotación. El número
telefónico 145, también creado por la Ley 26.842, funciona de forma permanente
durante las 24 horas para receptar denuncias sobre los
delitos de trata y explotación de personas, que pueden realizarse de manera
anónima.
Una de
las principales ventajas con las que cuentan los captadores y explotadores es
el miedo de la sociedad, la "oscuridad", lo "siniestro",
donde este delito logra esconderse. Es contra esa inercia, contra la "naturalización"
de estas prácticas aberrantes, estas redes de complicidades, contra la que
la sociedad debe luchar. Sin "clientes" no hay trata, o
mejor, sin personas prostituyentes, para eliminar la concepción de libre
circulación de productos y mercancías.
Los prostíbulos están prohibidos por
Ley desde 1937, con la sanción de la normativa 12.331. Sin dudas, se trata
de la ley más violada de toda la legislación argentina. No será tarea fácil la
lucha, pero parafraseando a Ernesto "Che" Guevara, la única que se
pierde es la que se abandona. O peor aún: la que nunca asumimos como propia.